El empresario Lázaro Báez fue formalmente imputado como cabecilla de una organización dedicada al lavado de activos que operaba, presuntamente, desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
La acusación se presentó en dos audiencias judiciales llevadas a cabo en Santa Cruz, en una investigación conjunta dentro de la justicia patagónica.
La formalización de los cargos estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Río Gallegos, con el fiscal federal Julio Zárate, y de la PROCELAC, representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte. Ambos expusieron el caso ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, y detallaron una estructura con 16 personas divididas en dos expedientes conexos.
La primera causa investiga un flujo de dinero estimado en 390.880.000 pesos, que habría sido administrado de forma ilícita. Según el Ministerio Público Fiscal, Báez, que cumple una condena unificada de 15 años de prisión, coordinaba las maniobras por teléfono a pesar de las restricciones del artículo 12 del Código Penal.
La calificación legal provisoria comprende lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación. De acuerdo con los investigadores, la red reintroducía las ganancias en el circuito legal mediante transferencias fraccionadas entre cuentas de allegados y billeteras virtuales.
El segundo expediente conexo investiga a una presunta red narcocriminal de tráfico de estupefacientes en la región, con nueve acusados y conexiones logísticas con el entorno del empresario.
El juez Claudio Marcelo Vázquez convalidó doce prisiones preventivas y dictó pautas de coerción para los otros cuatro imputados. También estableció un plazo de dos años para la instrucción, ordenó el embargo de los vehículos incautados y dispuso el levantamiento del secreto financiero.
Las pruebas se basan en escuchas telefónicas y documentación secuestrada, lo que vuelve a centrar la atención en los bienes del contratista santacruceño. Mientras la defensa prepara sus planteos y los acusados optan por el silencio, la causa abre un nuevo frente judicial en la Patagonia.
