La causa LIBRA mantiene dos alternativas procesales en la Justicia para intentar dar vuelta su archivo y reactivar el expediente por la supuesta criptoestafa que salpica al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros imputados.
Por un lado se ubica la solicitud de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la cual pretende tomar el control de la acción penal luego de que el fiscal Eduardo Taiano determinara la clausura del expediente.
Por otro lado aparece la apelación de cinco damnificados que habían sido excluidos como querellantes y obtuvieron una respuesta favorable de la Cámara Federal de Casación Penal para intentar reincorporarse al proceso y motorizar la pesquisa.
El organismo anticorrupción dirigido por el fiscal Sergio Rodríguez entregó el 29 de octubre una presentación en el Juzgado Federal N°8 donde objetó los argumentos del fiscal para sobreseer a los once acusados.
Desde la PIA calificaron la clausura como prematura al considerar que la pesquisa no está concluida y que se pueden efectuar nuevas diligencias probatorias, tales como peritajes electrónicos, revisión de comunicaciones y el seguimiento de las transacciones con la criptomoneda.
Asimismo, el organismo indicó que las evidencias reunidas hasta el momento exhiben indicios de una concertación defraudatoria.
Frente a esto, Taiano rechazó la postura de la PIA a través de un escrito presentado el 11 de noviembre, donde desestimó el pedido para tomar la causa y defendió los sobreseimientos dictados.
El fiscal federal calificó la postura de Rodríguez como desacertada al señalar que no correspondía que accediera a los detalles del expediente y tildó sus argumentos de afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente.
La definición quedó en poder del juez Martínez de Giorgi, quien tendrá que decidir si autoriza la participación de la PIA, mientras que el organismo dejó planteada una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal revise la medida en caso de una negativa.
En paralelo a la intervención de la PIA, existe otra vía judicial en expectativa vinculada al reintegro de los inversores perjudicados que habían sido sacados del expediente y pretenden recuperar su rol de querellantes.
Los afectados son Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes habían sido apartados por el magistrado a pedido de Mauricio Novelli, uno de los creadores de la criptomonedas promocionada por el mandatario.
Los letrados de los damnificados interpusieron recursos y el 4 de noviembre la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión de su exclusión, además de avalar otro recurso presentado por dos inversores bielorrusos con el mismo propósito.
Pese a esta disposición, los inversores no fueron reincorporados de forma automática y aguardan un fallo favorable que les permita reingresar a la causa para objetar los sobreseimientos y pedir nuevas medidas de prueba.
