Desde el inicio de la administración de Javier Milei, la estrategia económica se basó en eliminar la inflación mediante la reducción del gasto público y la obtención de superávit fiscal para evitar la emisión monetaria del Banco Central. La suba generalizada de precios pasó de superar el 200% anual a ubicarse en el 33% anual, con proyecciones de llegar al 18% entre enero y diciembre de 2027 y descender a un dígito en 2028.
Bajo la teoría cuantitativa del dinero, la inflación responde a la emisión cuando la actividad y la velocidad de circulación se mantendrán estables. Sin embargo, se registraron variaciones en la velocidad de circulación con una inflación mensual de alrededor del 2% y hasta del 3,4% entre abril de 2025 y abril de 2026, además del impacto en la recaudación por sectores que no crecieron, como partes de la industria y la construcción.
En este escenario, el interrogante principal pasa por cómo lograr crecimiento económico e incrementar la inversión privada mientras se sostiene el equilibrio fiscal. La inversión bruta interna fija retrocedió cerca de un 8% entre julio de 2025 y julio de 2026, ubicándose entre el 14% y el 16% del PBI frente al 20% o 21% histórico, niveles lejanos al 25% de Chile o el 40% de China.
Para fomentar capitales, el Ejecutivo implementó el Régimen para Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), variantes para proyectos menores y un Súper RIGI para iniciativas superiores a los 1.000 millones de dólares en inteligencia artificial. No obstante, la cercanía de las elecciones presidenciales del próximo año dificulta la llegada de capitales debido a los plazos prolongados de recupero y rentabilidad.
Entre las condiciones necesarias para propiciar un clima de negocios favorable figuran el incremento de los salarios reales y de las jubilaciones para estimular la demanda. Asimismo, la suba de la tasa real de interés en el segundo semestre de 2025 elevó la mora en los créditos, una problemática que motivó la presentación de proyectos en el Congreso y acciones por parte del Gobierno.
El financiamiento al sector privado pasó del 5% del PBI al asumir la gestión actual hasta el 12% actual, aunque sigue lejos del 24% alcanzado en otras etapas o del 75% registrado en Chile y Brasil y el 100% en Estados Unidos. El desarrollo del mercado de capitales y la expansión del crédito aparecen como herramientas centrales para facilitar la inversión.
Combinar la recuperación del salario real con la ampliación del crédito privado permitiría dinamizar la demanda y mejorar las expectativas para la inversión sin alterar el superávit fiscal. De este modo, la continuidad de la actual política económica busca consolidar los resultados obtenidos de cara a los comicios de 2027.
