El fiscal de menores Hernán Ceruti, titular de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, apeló la resolución de la jueza Marta Elba Pascual que había suspendido el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Para el funcionario judicial, la medida constituye un fallo que genera un gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad al impedir la aplicación de una norma sancionada por el Congreso Nacional mediante un habeas corpus.
Ceruti remarcó que la magistrada adoptó su decisión sin comprobar ninguna acción concreta, ilegal o arbitraria que afecte la libertad de los adolescentes alcanzados por la ley. En esa línea, sostuvo que la disposición judicial “avasalla la labor propia de otro de los poderes del Estado” y señaló que no se identificó a ningún joven detenido por la normativa ni situaciones específicas de alojamiento agravadas.
Por su parte, la jueza había fundamentado su medida al considerar que la aplicación del régimen podría incrementar de manera significativa la cantidad de jóvenes detenidos y que la Provincia carecía de la infraestructura y recursos necesarios. Desde la fiscalía retrucaron que dicha conclusión se basó en supuestos y no en datos concretos, advirtiendo que la resolución transforma una posibilidad en una certeza.
La apelación del fiscal se acopla a la denuncia penal presentada por la ONG Usina por la Justicia contra la jueza por los supuestos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. A través de la red social X, la organización respaldó al fiscal al señalar que se excedió en sus funciones y violó la división de poderes.
En tanto, el espacio político La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, encabezado por Sebastián Pareja, solicitará el juicio político de la magistrada. Pareja afirmó que la jueza intenta frenar una ley votada por el Congreso para atender un reclamo de la sociedad y que responde a intereses políticos.
