La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto este martes el sobreseimiento dictado a favor del ex líder de la delegación platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Juan Pablo Pata Medina, quien se encuentra imputado por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión junto a su hijo y otros implicados. La decisión del máximo tribunal llevó las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes avalaron el planteo presentado por el procurador general interino, Eduardo Casal.
El expediente se había iniciado en septiembre de 2017 a raíz de la detención del sindicalista ordenada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien le dictó el procesamiento por los delitos mencionados y un embargo de 200 millones de pesos. Tras pasar por un período de arresto domiciliario en su domicilio de la localidad bonaerense de Ensenada otorgado en febrero de 2020, el dirigente obtuvo la excarcelación un año más tarde por parte del Tribunal Oral Federal 2, aunque debió ser detenido nuevamente tras violar la prohibición de participar en actividades gremiales.
Cuando la investigación se dirigía hacia el juicio oral, el juez Alejandro Smoris dictó en octubre de 2022 la nulidad de todo el expediente de manera unipersonal y sobreseyó a los acusados antes de renunciar a su cargo dos meses después. Smoris argumentó que el proceso judicial contra el referente gremial respondía a un armado vinculado a la denominada mesa de la Gestapo, a partir de una denuncia sobre una reunión realizada en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia entre funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia y empresarios de la construcción.
Aquel fallo de nulidad y sobreseimiento había sido convalidado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal con los votos de los jueces Angela Ledesma y Alejandro Slokar, y la disidencia de Guillermo Yacobucci, tras la apelación de la fiscalía. Ante esto, el fiscal ante Casation Raúl Pleé interpuso un recurso extraordinario en el que advirtió que la resolución privaba al Ministerio Público Fiscal de cumplir con su deber constitucional de promover la actuación de la justicia y de determinar la verdad en un debate oral y público.
Con la resolución de la Corte Suprema, la causa regresará a la Cámara Federal de Casación Penal para que una nueva integración evalúe los argumentos presentados por la fiscalía. Desde la Procuración General se había cuestionado la decisión previa por considerarla arbitraria y prematura en su objetivo de evitar que el dirigente sindical enfrente el juicio oral.
