La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela señaló que, pese a ciertos avances acotados en materia de derechos humanos, continúan vigentes las instituciones estatales vinculadas con la represión, los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones al sector.
El relevamiento, difundido a través de un informe y un documento de investigación complementario, analizó los sucesos del último año y profundizó en el accionar de los grupos armados civiles progubernamentales denominados colectivos, así como en su articulación con el Estado.
El reporte puntualiza que se registró una baja en las detenciones prolongadas y en las desapariciones forzadas tras la intervención militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la posterior detención del entonces mandatario Nicolás Maduro, aunque aclaró que esto no implica una modificación estructural del sistema.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, manifestó Sofía Macher, al frente de la Misión, mediante un comunicado.
Tras la captura de Maduro, las autoridades liberaron a centenares de personas apresadas por razones políticas y abrieron un margen más amplio para las protestas y la actividad social, pero Macher advirtió que la apertura será frágil y reversible si no se desmantelan las estructuras represivas y se asegura la independencia judicial.
El documento detalla que aún continúan vigentes normativas empleadas para castigar la disidencia, mientras que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad operan con las mismas prácticas y configuraciones.
Al menos 19 agentes previamente señalados por la Misión por su participación en abusos graves conservan sus cargos estratégicos.
En paralelo, las autoridades no implementaron medidas para desarmar a los colectivos, los cuales operan de manera continua como focos de violencia e intimidación en las comunidades.
Asimismo, el organismo internacional advirtió que la prensa y los integrantes de la sociedad civil encuentran trabas permanentes para desarrollar sus tareas habituales.
Dentro del penal de máxima seguridad El Rodeo I, la Misión registró métodos que comprenden la intubación forzada y el encierro prolongado en un depósito subterráneo estanco denominado la máquina del tiempo.
En el predio militar Fuerte Guaicaipuro se detectó el aislamiento de detenidos en recintos similares a zanjas cavadas bajo la superficie, junto con exposición a bajas temperaturas, falta de comida y otros tratos vejatorios.
La Misión examinó 64 hechos recientes de tortura posteriores al 3 de enero y determinó que diversos fallecimientos de presos políticos bajo custodia se vincularon a la carencia de asistencia médica y a malos tratos, tal como ocurrió con el vendedor ambulante Víctor Quero Navas.
“Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”, expresó María Eloísa Quintero, integrante del cuerpo investigador.
Por otra parte, la investigación halló evidencias de apoyo político, financiamiento, asistencia logística, coordinación operativa y protección institucional hacia los colectivos, determinando que el Estado proveyó de forma regular armas, municiones, rodados y equipos de comunicación a estos grupos.
Los documentos serán expuestos formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo 18 de septiembre de 2026.
