Brasil implementó un cambio en su legislación laboral a través de la promulgación de una reforma constitucional que elimina el sistema de seis días de trabajo por uno de descanso, conocido como escala 6×1. La normativa fija dos días de descanso remunerado a la semana con el propósito de elevar el bienestar de los empleados y facilitar el equilibrio entre la actividad profesional y la vida familiar.
El Congreso Nacional promulgó la Enmienda Constitucional 141 este viernes, la cual dispone el paso hacia una semana de cinco jornadas laborales y dos libres, sin quita en las percepciones salariales. El límite máximo de la jornada semanal se reducirá de manera gradual desde las 44 horas vigentes hasta llegar a las 40 horas.
La aplicación de la transición se iniciará en diciembre de 2026 mediante un cronograma de reducción paulatina de la carga horaria semanal. Esta modificación implicará un impacto relevante en áreas como el comercio, la gastronomía y los servicios, donde el esquema de seis días laborales era habitual para el funcionamiento de las compañías.
Entre los principales promotores de la movilización social contra el régimen anterior se encuentra Rick Azevedo, ex empleado de farmacia y creador de la agrupación Vida Além do Trabalho (Vida más allá del trabajo). Dicho movimiento impulsó el debate público sobre las complicaciones que enfrentaban los sectores con escaso tiempo libre para el descanso, la capacitación o la convivencia familiar.
Azevedo sostuvo que la supresión de la escala 6×1 representa un reclamo del sector que debe trascender las diferencias partidarias. "Es una cuestión específica de la clase trabajadora", señaló al referirse al trasfondo social de la medida en declaraciones a la agencia Xinhua.
Un informe del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), basado en cifras de la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) para 2025, calcula que 26,8 millones de personas se verían alcanzadas por la modificación y el recorte de la jornada máxima.
Del total estimado, aproximadamente 22 millones corresponden a asalariados formales, lo que representa el 54 por ciento de los empleados con contrato en regla. En tanto, unos 4,8 millones se desempeñan en la informalidad y cumplen actualmente con horarios superiores a las 40 horas semanales.
La normativa genera además el interrogante sobre la adaptación de las empresas, en particular los pequeños comercios que disponen de menores recursos para incorporar personal o reorganizar sus turnos. Frente a este panorama, la administración nacional analiza herramientas de asistencia para las firmas perjudicadas, lo que comprende líneas de crédito y capacitaciones destinadas a la modernización de los establecimientos pequeños.
