Un tribunal federal condenó a cuatro años y ocho meses de prisión a dos ciudadanos bolivianos acusados de intentar traficar 35 toneladas de sustancias químicas hacia Bolivia. La resolución recayó sobre Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García por el delito de contrabando agravado en grado de tentativa con documentación adulterada e ingreso no autorizado a zona de frontera.
El fallo estuvo a cargo de la jueza del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta, Marta Liliana Snopek, mediante un acuerdo pleno con la Sede Fiscal Descentralizada Orán, representada por el fiscal federal subrogante Marcos Romero. Adicionalmente, se estableció la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, sanciones del Código Aduanero y el decomiso de los teléfonos, la sustancia incautada, el tractor y el semirremolque.
El operativo ocurrió el 16 de marzo de 2026 en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, donde Gendarmería Nacional detuvo dos camiones con 35.144 kilogramos de acetato de etilo en 191 tambores. Los papeles declaraban que debían salir por Salvador Mazza hacia Cochabamba, pero circulaban por un paso no autorizado con patentes falsas.
Los peritajes comprobaron que los permisos del Registro Nacional de Precursores Químicos presentaban falsificaciones que imitaban el sistema de Gestión Documental Electrónica. El cargamento, considerado un solvente esencial para refinar clorhidrato de cocaína, fue valuado en 167.608.459 pesos.
Mediante la colaboración entre la PROCUNAR, la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica y funcionarios de Bolivia, se determinó que el lugar de destino en Cochabamba carecía de habilitación para manejar químicos, lo que confirmó el desvío para la fabricación clandestina de drogas.
