El abogado Gregorio Dalbón solicitó que se detenga al ministro de Economía, Luis Caputo, al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y al director de la entidad, Juan Curutchet, a raíz de las transacciones con derivados de oro realizadas por el organismo en 2025.
"Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5, del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba", señaló el letrado en declaraciones televisivas, donde también mencionó una posible "asociación ilícita como jefe Luis Caputo".
Respecto al paradero del oro, Dalbón expresó que "Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Policita de averiguar" y añadió que confía en que la ampliación que presentarán el martes con el pedido de captura sea tomada en serio. Asimismo, argumentó que "si bien no hay peligro de fuga, está comprobado que han obstruído a la Justicia en base a lo que fue en base al exámen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que minitieron en la auditoría".
De acuerdo con el profesional, la Auditoría General de la Nación (AGN) reportó un saldo negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados sobre el oro, con salidas de divisas. El texto detalla que esta cifra se compone de 1.400.793 millones de pesos (960,2 millones de dólares) como resultado negativo por opciones, y de 68.362 millones de pesos (62,8 millones de dólares) en primas de opciones, mientras que la tenencia de oro mostró una ganancia cambiaria de 8.002.500 millones de pesos.
Además de las detenciones, el escrito judicial requiere la prohibición de salida del país para los implicados, la restricción para ingresar a sectores del Banco Central y del Palacio de Hacienda con documentación vinculada al caso, y la prohibición de contacto con funcionarios, testigos o auditores. Las figuras legales señaladas comprenden administración fraudulenta en perjuicio del Estado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes e ilícitos asociados.
En paralelo, el 10 de agosto pasado la diputada Marcela Pagano anunció en la red social X que había denunciado penalmente a Caputo y Bausili al sostener que casi cuatro billones de pesos de fondos públicos quedaron sin un destino trazable. La legisladora cuestionó que la respuesta del titular del Banco Central haya sido "En algún lado están" y afirmó que dicha contestación resulta insuficiente.
"La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra", manifestó la diputada en su publicación, en la que exigió explicaciones judiciales sobre los destinos de los fondos, las órdenes impartidas y los beneficiarios, y concluyó que "se terminó la impunidad de los despachos"
