El recorte en las cuentas públicas llevado adelante por el gobierno de Javier Milei redujo las erogaciones estatales ajenas a los adultos mayores, pero los desembolsos destinados a jubilaciones y al PAMI continúan un 73% por encima de los registros de los años ochenta. La información se desprende de un análisis elaborado por el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA), el cual advierte que la falta de adecuación de las prestaciones para la tercera edad frente a los cambios demográficos genera un descuido en otras áreas fundamentales del Estado.
Desde la organización detallan que estos números evidencian cómo las partidas para la vejez mantienen una expansión constante que condiciona de manera determinante la situación financiera del sector público. Al contrastar el peso sobre el Producto Bruto Interno de las jubilaciones y el PAMI frente al resto del presupuesto nacional, tomando como referencia el promedio de los años ochenta como base 100, el trabajo detalla las variaciones históricas.
Durante 1995, las asignaciones para la vejez treparon a un índice de 163 y el resto del gasto descendió a 94, mientras que en 2017 las erogaciones previsionales llegaron a un máximo de 220 y el resto del gasto estatal creció hasta 137. Por otra parte, en el transcurso de 2024, tras el ajuste aplicado por la actual administración, el presupuesto no previsional se ubicó en 105 y el gasto para la tercera edad retrocedió hasta 173.
Frente a este escenario, la entidad indicó que "luego del ajuste aplicado por el actual gobierno, el gasto público no vinculado a la vejez es apenas un 5% superior, en términos del PBI, al que había en el promedio de la década del ’80. El gasto para la vejez, en cambio, es un 73% mayor". El reporte también puntualiza que la última modificación estructural del sistema de jubilaciones y pensiones tuvo lugar en 1993 y que, ante la falta de cambios profundos, las distintas gestiones políticas recurrieron a licuar los pagos mediante la inflación y la alteración de la fórmula de movilidad.
En lo referente a la asistencia sanitaria para los jubilados, el informe subraya que el PAMI no fue modificado para adecuarse a las transformaciones poblacionales desde su creación en 1971, lo cual generó restricciones prestacionales y trasladó la responsabilidad de la atención médica a los hospitales provinciales. Por último, la institución rechazó la idea de que una futura reactivación de la economía o una reforma laboral solucionarán el desequilibrio financiero del sistema al afirmar que "demorar la adaptación del sistema de la vejez bajo el argumento de que con el retorno del crecimiento económico y la reforma laboral habrá más recursos es un grave error".
