Los ingresos de los jubilados en la Ciudad de Buenos Aires no lograron acompañar la evolución del costo de vida para los adultos mayores, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Defensoría del Pueblo porteña tras evaluar un año de registros de su Sistema de Canastas de Consumo. El trabajo titulado “Condiciones de bienestar y acceso a derechos de personas adultas mayores en la Ciudad de Buenos Aires”, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, evaluó la evolución de los gastos en vivienda, salud, servicios y alimentación entre julio de 2025 y julio de 2026. El análisis contempló un distrito donde el 17 por ciento de los habitantes supera los 65 años, según los datos del Censo 2022.
El costo de la canasta total destinada a este sector registró un incremento de entre el 37 y el 43 por ciento, condicionado fundamentalmente por la necesidad de afrontar gastos de alquiler o de medicina prepaga según cada hogar. En contrapartida, el haber jubilatorio mínimo, que incluye el pago del bono, tuvo un ajuste del 27,1 por ciento en el mismo lapso, lo que generó una diferencia de entre 9,9 y casi 16 puntos porcentuales.
Dentro de los rubros analizados, el transporte encabezó las subas con un 96,8 por ciento, seguido de cerca por los servicios públicos del hogar como luz, gas y agua, que aumentaron alrededor del 95 por ciento. Detrás se ubicaron las telecomunicaciones y la televisión por cable con un promedio del 47 por ciento, los alimentos con un 37 por ciento y los alquileres con una suba del 32 por ciento.
Las alzas en tarifas y transporte alteraron la estructura de gastos en los hogares de adultos mayores. Para las mujeres mayores de 75 años que viven solas, los servicios básicos pasaron a ser el principal gasto al acaparar el 40,2 por ciento del presupuesto, superando a la compra de alimentos, que representó el 28,2 por ciento.
El panorama se tornó más complejo para los jubilados inquilinos, debido a que los costos de los bienes y servicios esenciales del hogar, sumados al valor del alquiler, demandaron más de la mitad de los ingresos mensuales. Esta pérdida de poder adquisitivo se desarrolló en un escenario donde aproximadamente el 40 por ciento de los jubilados accedió a las prestaciones previsionales a través de moratorias y cobra el haber mínimo, una situación que se repite con mayor frecuencia entre las mujeres.
A su vez, el informe incluyó cifras de alcance nacional que indican que en junio de 2026 cerca del 34 por ciento de los jubilados sin moratoria en todo el país percibía un monto inferior a los 500.000 pesos.
