A comienzos de octubre se inició el juicio oral y público contra diez efectivos de la Policía de Chaco imputados por ejercer abusos físicos y psicológicos contra jóvenes de la comunidad Qom en la localidad de Fontana, con una finalización prevista para mediados de noviembre.
Los hechos investigados ocurrieron en la madrugada del 31 de mayo de 2020 en el Barrio Banderas Argentinas, y las denuncias contra los uniformados se relacionan con el uso ilegítimo de la fuerza y arrestos arbitrarios.
Durante el procedimiento, los agentes irrumpieron en la vivienda de las víctimas de manera violenta, careciendo de orden judicial y empleando forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego.
Tras concretar las aprehensiones de Celeste Daiana Fernández, Cristian Rodolfo Fernández, Alejandro Delio Saravia y la entonces menor Rebeca Griselda Garay, los numerarios perpetraron actos de tortura y malos tratos que quedaron registrados parcialmente en cámaras de la comisaría y causaron lesiones graves a los jóvenes.
En 2022, Amnistía Internacional Argentina intervino como amicus curiae en el expediente judicial, subrayó la necesidad de esclarecer el episodio y destacó que el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada las torturas y los abusos cometidos, los cuales contaron con un especial ensañamiento motivado por la pertenencia étnica de las víctimas.
En una entrevista exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas, Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional, brindó detalles sobre la situación de los acusados y los damnificados.
Ante la consulta sobre si los efectivos continúan en funciones o fueron apartados, Garone indicó: "De los 10 efectivos imputados en el marco del juicio, solamente dos no están cumpliendo funciones en la fuerza. El resto continúa dentro de la Policía provincial y, de hecho, nunca dejó sus cargos".
Respecto a los motivos o la orden esgrimida por los policías para ingresar al domicilio, la referente explicó: "Esa madrugada, ingresaron violentamente y sin orden de allanamiento a tres domicilios en el Barrio Banderas Argentinas. Se llevaron detenidos a cuatro jóvenes mediante forcejeos, empujones, golpes de puño, con armas de fuego, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Al momento, no sabemos los motivos".
Sobre la seguridad actual de los afectados, la organización detalló que en 2021 realizaron una misión en Fontana, donde se entrevistaron con la familia Saravia, recolectaron testimonios y documentaron el caso.
Asimismo, confirmaron que el impacto de lo sucedido afectó de forma determinante a los jóvenes detenidos, respaldándose en pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco que concluyeron de manera unánime que las víctimas padecían estrés postraumático, por lo que los profesionales recomendaron la realización de un tratamiento psicológico a raíz de la violencia institucional sufrida.
