El Consejo de Ministros español aprobó nuevamente dos decretos de emergencia sobre vivienda este martes, apenas cuatro días después de que el Congreso los rechazara y un día después de que Pedro Sánchez convocara a elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.
Las normativas conservan el eje central de las medidas que cayeron el viernes anterior, aunque incluyen ciertas modificaciones, y deberán ser evaluadas por la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que opera tras la disolución de las Cortes.
“Estos dos decretos mantienen la esencia de los dos reales decretos que decayeron”, señaló Sánchez en una conferencia de prensa tras la reunión gubernamental que transmitieron diversas cadenas internacionales.
El mandatario justificó la medida al indicar que las circunstancias que motivaron al Ejecutivo no sufrieron variaciones en estos días y defendió el contenido por considerarlo ambicioso, razonable y necesario.
Las iniciativas contemplan extender hasta 2030 la protección contra desahucios para personas vulnerables, poner topes a incrementos de alquileres, regular contratos temporales y por habitaciones, y restringir compras especulativas por parte de grandes fondos.
Asimismo, el paquete incluye incentivos fiscales para inquilinos y pequeños propietarios, un IVA del 10 por ciento para pisos turísticos, una reducción al 4 por ciento para la vivienda protegida y mecanismos de financiación para la primera vivienda.
El Ejecutivo añadió un programa de préstamos de hasta 50.000 euros a tasa cero para adquirir la primera propiedad, con una movilización prevista de hasta 10.000 millones de euros.
Una de las normas fija la prórroga por dos años de contratos de alquiler que expiran antes de finalizar 2028 y limita la actualización de rentas, mientras que la segunda propone la renovación automática de contratos de alquiler de vivienda habitual, sujeta a la convalidación de la Diputación Permanente.
Los textos habían sido descartados el viernes en el Parlamento en un revés para la coalición del Partido Socialista Obrero Español y Sumar, donde el decreto principal cosechó 178 votos negativos frente a 172 positivos por la negativa del Partido Popular, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro.
Esa derrota aceleró la decisión de Sánchez de disolver las Cortes y adelantar los comicios ocho meses respecto de la fecha original, lo que traslada el debate a la Diputación Permanente de 68 legisladores y la presidencia del Congreso, donde Junts dejaría de ser indispensable para lograr la mayoría en al menos uno de los textos.
En contraste, el segundo proyecto enfrenta escollos por la postura en contra del Partido Nacionalista Vasco hacia la renovación automática de contratos, en medio de un escenario donde la vivienda se posiciona como eje de campaña tras semanas de protestas.
Las manifestaciones crecieron tras el desalojo en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años, y continuaron con protestas masivas en Barcelona que culminaron con incidentes, detenciones y efectivos policiales heridos.
Desde la vereda enfrente, la oposición criticó la insistencia del Gobierno, y Vox tildó la maniobra de cacicada al recordar que el Congreso ya había rechazado las iniciativas en plenas funciones.
Por su parte, Sánchez ratificó que la administración continuará tomando decisiones hasta los comicios y ratificó que las normativas buscan atender una emergencia social frente a los cuestionamientos del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y Vox.
