El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso contempla una inversión de US$ 350 millones entre 2026 y 2027 para infraestructura militar en Ushuaia y la Antártida, en contraste con una caída real del 2,2% en los recursos destinados a Educación y Cultura, que dispondrán de $11,20 billones.
Dentro de ese panorama, las universidades nacionales recibirán $7,35 billones, una cifra que se ubica $3,65 billones por debajo de los $11 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Esta situación motivó la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre y un cronograma de paros escalonados en la UBA entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre.
“No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no”, afirmó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci. Por su parte, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió que, si el Congreso aprueba el proyecto tal como fue enviado, “todas las funciones y programas que brindan las universidades se van a ver afectados”.
En paralelo, el ministro de Defensa, Carlos Presti, detalló que los US$ 350 millones para la Base Naval Integrada de Ushuaia y la Base Antártica Conjunta Petrel incluyen US$ 142 millones asignados por el DNU 867. El Gobierno prevé licitar los galpones y el muelle de Ushuaia en octubre para iniciar las obras en enero de 2027, con un costo total estimado entre US$ 400 millones y US$ 500 millones hacia 2029.
Para la Base Petrel, el Presupuesto asigna expresamente $30.433 millones entre 2027 y 2028 para la construcción de su muelle. Asimismo, el texto solicita autorización para tomar deuda por hasta US$ 3.500 millones para las Fuerzas Armadas, de los cuales US$ 2.300 millones se destinarán a tres submarinos para Mar del Plata y US$ 1.200 millones a dos fragatas multimisión para Puerto Belgrano.
El debate parlamentario pondrá en tensión el reclamo de los gobernadores, diputados y senadores con el que insistirá el CIN, frente a la postura oficial que enmarca las inversiones australes en la política de fortalecimiento del Atlántico Sur y destaca los incrementos nominales de las partidas educativas.
