El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, indicó este martes que la administración estatal cuenta con una estrategia de liberación anticipada y condicional orientada a personas arrestadas bajo el régimen de excepción. Esta medida podría alcanzar a aproximadamente la mitad de los reclusos señalados por colaborar con las maras, bajo el argumento de que residían bajo el dominio de estas organizaciones.
Durante una conferencia de prensa en la capital del país, el jefe de Estado explicó: «Nosotros tenemos un plan, creo que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada. O sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente». La medida se aplicaría a quienes no conformaban la cúpula que ejercía el control sobre la ciudadanía, sino a quienes debieron subsistir en ese entorno.
El mandatario aclaró que la propuesta no constituye una absolución de los cargos, ya que los internos conservarían su condición de culpables y recuperarían la libertad bajo supervisión. Al respecto, ejemplificó que «no tendría el mismo nivel de colaboración quien ayudó a enterrar un cadáver en comparación con el muchacho que lo ponían en la orilla del pasaje y él avisaba cuando venía la Policía».
Por otra parte, el gobernante no especificó fechas de implementación, requisitos adicionales, la cantidad precisa de beneficiarios ni si el programa se encuentra en fase de estudio o ejecución. El régimen de excepción rige desde marzo de 2022, suspende derechos constitucionales y acumula al menos 93.162 arrestos de sospechosos de integrar o auxiliar a las pandillas.
En paralelo a la aplicación de esta política de seguridad, que impulsó la reelección presidencial y cuenta con alta aprobación local, agrupaciones humanitarias contabilizan más de 6.400 quejas por abusos y 570 decesos de personas bajo custodia del Estado. Asimismo, entidades internacionales como Amnistía Internacional han advertido sobre posibles crímenes de lesa humanidad derivados de esta normativa.
