A cuatro días de la medida cautelar dictada por la jueza de Menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, que suspendió por 60 días la aplicación de la ley penal juvenil que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, ingresaron tres solicitudes de juicio político en su contra en el Senado bajo la acusación de presunto mal desempeño.
Los expedientes fueron presentados en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento con las firmas del diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos), el senador Guillermo Montenegro (PRO) y el abogado Alfredo Drocchi.
La resolución de la magistrada, recaída en la causa caratulada “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”, ordenó la suspensión preventiva de la Ley Nacional 27.801 en todo el distrito bonaerense y fijó una audiencia para el 16 de septiembre a las 10, donde convoca a funcionarios provinciales de Seguridad, Justicia y Niñez a informar sobre las medidas adoptadas y previstas para aplicar el nuevo régimen.
La normativa en cuestión, aprobada en febrero de este año a impulso del Gobierno nacional, fijó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y dispuso un plazo de transición de 180 días para que las provincias adecuaran sus estructuras de alojamiento para adolescentes. Al cumplirse ese período se conoció el fallo judicial, lo que generó cuestionamientos desde el oficialismo y sectores afines contra el gobernador Axel Kicillof.
Previamente, el miércoles, la ONG Usina de la Justicia radicó una denuncia penal contra la jueza por supuesta usurpación funcional y abuso de autoridad, y solicitó su participación como amicus curiae en el expediente del habeas corpus.
Para esa organización, la resolución de Pascual resulta “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho”, al considerar que infringe la división de poderes por suspender una ley sancionada por el Congreso Nacional sobre la base de una hipótesis de futuro vinculada al incremento de jóvenes detenidos y la capacidad de alojamiento.
