El Ministerio de Exteriores de Marruecos afirmó que no aceptará ser el chivo expiatorio en los enfrentamientos políticos de España y reiteró que no existen pruebas sobre su responsabilidad en el ingreso masivo de migrantes ocurrido en Ceuta en julio.
A través de un comunicado emitido el jueves, el Gobierno marroquí sostuvo que se niega a funcionar como un fondo de comercio preelectoral y criticó que sectores políticos y mediáticos españoles utilicen al país con fines internos. La nota calificó de lamentable que partidos de larga trayectoria hayan priorizado una escalada populista por encima del sentido común.
Desde Rabat destacaron los vínculos de buena vecindad, cooperación en seguridad y entendimiento económico con España, una relación consolidada tras la visita del rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Rabat en abril de 2022. Asimismo, el Ejecutivo marroquí defendió que la cooperación migratoria bilateral siempre fue coordinada y eficiente, aunque admitió que lo sucedido en Ceuta requiere un análisis exhaustivo para esclarecer los hechos y evitar que se repitan.
El Gobierno marroquí cuestionó que se mantengan las acusaciones en su contra cuando ningún informe oficial establece la participación de sus autoridades en los hechos. También interpeló a los actores españoles sobre por qué no se rechaza a los migrantes irregulares a pesar de su compromiso oficial de readmitirlos, y por qué se mantiene a los menores no acompañados lejos de sus familias a pesar de los pedidos formales de retorno.
La postura marroquí se conoció un día después de que el Gobierno español desclasificara 40 documentos e informes de inteligencia sobre aquella crisis migratoria. Esos archivos revelaron que el Centro Nacional de Inteligencia advirtió el 29 de julio a las autoridades locales y a la Guardia Civil sobre convocatorias en redes sociales para un posible asalto por mar y tierra en la ciudad autónoma, y que también envió una nota urgente a los servicios secretos marroquíes.
Por su parte, el Ejecutivo español argumentó que los avisos recibidos no permitían anticipar la magnitud de los ingresos y que el CNI no emitió alertas a través de la cadena de mando formal. Desde la administración central insistieron en que los datos disponibles no permiten concluir que Marruecos organizara la entrada, ocurrida entre el 30 y el 31 de julio con un saldo oficial de entre 70.000 y 80.000 personas y al menos 141 muertes en la frontera.
