La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se diferenció del presidente Javier Milei al manifestar que "la libertad de prensa se respeta", luego de que un equipo periodístico fuera condenado por realizar entrevistas y filmaciones en una comunidad originaria de Formosa, y cuestionó al gobernador Gildo Insfrán.
"En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta. Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco", expresó Bullrich mediante una publicación en su cuenta de X.
Por su parte, el presidente Javier Milei había celebrado el viernes la sentencia del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas contra la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán a cinco días de arresto, una pena reemplazable por una multa de 282.550 pesos para cada uno.
En su mensaje en redes sociales, el jefe de Estado criticó a los trabajadores de prensa y los calificó como "basuras inmundas con micrófono", además de sostener que operan para "hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas", cerrando su posteo con la expresión "CIAO!".
El fallo, bajo la sentencia N° 351/2026 emitida por el juez Omar Padilla, determinó que los comunicadores violaron el artículo 73 del Código de Faltas formoseño por realizar tareas sin la autorización previa requerida y por no contar con un carnet habilitante para la actividad periodística.
Los hechos se remontan a septiembre de 2025, cuando el equipo del proyecto "Hambre de Futuro", de La Nación, efectuaba una cobertura en la comunidad originaria San José, en Las Lomitas, para registrar las condiciones de vida y realizar entrevistas.
En esa ocasión, la policía interceptó al grupo y los condujo a una comisaría, donde estuvieron retenidos unas dos horas para ser notificados de una denuncia presentada por el cacique de la comunidad, Guillermo López, quien posteriormente declaró que desconocía los términos del escrito que había firmado.
Ante la resolución judicial, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresaron su rechazo y criticaron la sanción impuesta por el ejercicio de la labor profesional.
ADEPA remarcó que en el país no se necesita licencia, matrícula ni habilitación estatal para ejercer el periodismo, en tanto que FOPEA alertó sobre un proceso de criminalización de la tarea informativa.
