Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner contestaron a las acusaciones en la causa acumulada Los Sauces-Hotesur mediante un escrito donde afirmaron que las firmas involucradas llevaron adelante transacciones legales y declaradas.
El documento, presentado por el letrado Alberto Beraldi al director del medio El Cohete, Horacio Verbitsky, detalló que Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. operaban como empresas comerciales de la familia dedicadas a la adquisición y locación de bienes inmuebles, inscriptas ante las autoridades pertinentes y con la documentación contable y fiscal al día.
La presentación señaló que los bienes sumados al capital de ambas compañías se compraron con dinero legal, un origen que ya fue evaluado en causas anteriores sobre los bienes de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en las cuales obtuvieron el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito.
Asimismo, los representantes legales subrayaron que los bienes societarios se informaron ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción de acuerdo con la normativa vigente en ese entonces.
En relación a los arrendamientos bajo pesquisa, manifestaron que los acuerdos fueron reales y que los inmuebles fueron efectivamente habitados por los arrendatarios. Respecto a los complejos hoteleros, indicaron que los Kirchner no llevaron adelante la explotación comercial directa, sino que percibieron exclusivamente un canon por su alquiler.
El texto añadió que existe una pericia que, de acuerdo con la postura de la defensa, confirma que el precio de los alquileres hoteleros se equiparó a los montos de mercado, según información de la Agencia Noticias Argentinas.
Sobre los ingresos percibidos por ambas firmas, la defensa especificó que se emitieron facturas, se canalizaron a través del sistema bancario con total trazabilidad, se abonaron los tributos respectivos y se aplicaron las retenciones legales.
Igualmente, la representación descartó que los vínculos contractuales con inquilinos que habían ganado licitaciones públicas constituyeran negociaciones incompatibles. En este aspecto, argumentaron que Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner no participaron en las etapas de licitación, desarrollo o fiscalización de tales contratos.
La defensa puntualizó que no se registraron pagos informales ni en efectivo, por lo que desestimó como “absurda” la acusación de lavado de dinero. Conforme al escrito, el dinero provino de cuentas bancarias fiscalizadas por entidades como la AFIP, el BCRA y la UIF.
Para finalizar, criticaron el delito de asociación ilícita y manifestaron que dicha imputación ya había sido rechazada en el expediente “Vialidad”, en el cual los acusadores habían sostenido que se trataba de una única estructura delictiva mencionada a lo largo de los distintos expedientes.
