A menos de un mes del cierre de las sesiones ordinarias, el oficialismo sigue sin conseguir los votos necesarios en el Senado para suspender las PASO, y enfrenta una resistencia de sus principales aliados parlamentarios y de los gobernadores que suelen acompañar las iniciativas de la Casa Rosada. Con la mira puesta en la reelección presidencial de 2027, el Gobierno pretende eliminar las primarias que se realizan en agosto para definir las candidaturas nacionales. Sin embargo, la iniciativa ingresada en abril continúa empantanada y obliga al oficialismo a multiplicar las negociaciones para evitar que una de sus principales apuestas políticas termine naufragando en el recinto.
Además del poroteo, el oficialismo enfrenta un problema de calendario. La Cámara Nacional Electoral advirtió sobre la necesidad de aprobar con anticipación cualquier modificación de las reglas electorales, ante la proximidad de los comicios de 2027. La cuenta es concreta y el margen, cada vez más estrecho. La Libertad Avanza dispone de 21 senadores propios y necesita alcanzar los 37 votos para aprobar el proyecto. Esto implica sumar al menos 16 voluntades de otras bancadas, una meta que todavía no consiguió asegurar.
En ese escenario, el jefe de Gabinete quedó al frente de las conversaciones con los gobernadores dialoguistas, en un intento por transformar los acuerdos políticos y las demandas provinciales en respaldos legislativos. Hasta ahora, el oficialismo habría conseguido acercar 11 de los 16 votos que necesita, aunque el desafío sigue siendo convertir esos compromisos en una mayoría efectiva. La estrategia oficial expone una de las principales dificultades de La Libertad Avanza: sus aliados no están dispuestos a acompañar automáticamente una reforma que puede alterar sus propios planes electorales. La jefa del bloque libertario en el Senado decidió mantenerse al margen de la negociación directa, bajo el argumento de que las conversaciones están atravesadas por los acuerdos electorales que cada espacio pretende cerrar en sus respectivos distritos.
De esta manera, el funcionario concentra una tarea que excede la discusión parlamentaria y se adentra en el complejo mapa de intereses provinciales. Detrás de cada voto aparecen reclamos por obras públicas, recursos, decisiones regulatorias y condiciones para competir en las elecciones de 2027. La Casa Rosada necesita que los gobernadores traduzcan sus posiciones políticas en instrucciones concretas para sus senadores.
El radicalismo aparece como uno de los principales obstáculos para el oficialismo. Aunque algunos gobernadores de la UCR se pronunciaron a favor de suspender las primarias, el bloque de diez senadores mantiene una posición dividida. Los mandatarios provinciales se manifestaron a favor de avanzar con la suspensión, y ese respaldo podría traducirse en los votos de senadores de Corrientes y Santa Fe. A esos apoyos podría sumarse el de un aliado correntino, lo que permitiría al Gobierno acercarse a su objetivo.
La situación de Mendoza agrega un componente electoral a la disputa. El gobernador todavía no definió si respaldará la iniciativa y busca garantías para que un dirigente hoy alineado con el espacio libertario no compita en las elecciones provinciales bajo condiciones que puedan perjudicar al oficialismo mendocino. El mandatario también planteó la necesidad de evaluar los costos y beneficios del sistema de primarias, y tiene dos senadores que son claves para el Gobierno. También es una incógnita la posición de una senadora santafesina. En la vereda opuesta, otros tres legisladores radicales se oponen a la eliminación de las PASO. La división radical refleja que el Gobierno no puede dar por descontado el apoyo de un bloque que resulta decisivo para cualquier intento de reforma electoral.
El otro foco de tensión está en el PRO. Sus tres representantes en el Senado mantienen reparos frente a la eliminación de las primarias y defienden su continuidad. La postura representa un problema adicional para la administración central: incluso dentro de los espacios que acompañaron buena parte de su agenda legislativa, la reforma electoral no cuenta con consenso automático.
Fuera de la UCR y el PRO, el oficialismo busca construir una mayoría con senadores vinculados a mandatarios provinciales de diferentes espacios políticos. Entre quienes expresaron disposición a acompañar la suspensión de las PASO aparecen gobernadores de Catamarca, Neuquén, Santa Cruz, Córdoba y Chubut. Ese grupo podría aportar seis votos a través de sus legisladores referenciados.
Pero el apoyo tampoco está desligado de las negociaciones con la Nación. Para varios gobernadores, la discusión electoral es una oportunidad para insistir con demandas provinciales que siguen pendientes. El Ejecutivo también intenta sumar a los senadores vinculados con los mandatarios de Salta y Misiones. El gobernador salteño condiciona su acompañamiento al tratamiento de cuestiones vinculadas con el presupuesto de 2027 y las PASO a la licitación para la privatización de un ramal ferroviario, con el objetivo de garantizar obras. Su par misionero, por su parte, busca respuestas sobre la desregulación de la yerba mate y el financiamiento de obras en rutas nacionales. En el Senado, esos planteos se vinculan con los votos de sus respectivos representantes legislativos.
No todos los mandatarios dialoguistas están dispuestos a acompañar la iniciativa. El gobernador de Tucumán rechaza la suspensión de las PASO y pretende mantener el sistema de primarias. Esa postura aleja del oficialismo dos votos que no podrán incorporarse al cálculo libertario mientras se mantenga la posición del mandatario provincial. A su vez, otros gobernadores de Río Negro, San Juan, Entre Ríos y Jujuy no cuentan con senadores de su mismo signo político, por lo que su eventual respaldo no se traduce directamente en nuevas voluntades dentro del recinto.
