Un total de trece órdenes de pago con la estética de la Asociación del Fútbol Argentino y una rúbrica atribuida al exdirector ejecutivo Gerardo León son objeto de investigación judicial debido a su posible conexión con el desvío de al menos 57 millones de dólares obtenidos en el extranjero mediante firmas sospechadas de ser sociedades fantasma.
Los papeles fueron incautados en operativos efectuados en diciembre y marzo, de acuerdo con un trabajo periodístico difundido por el diario La Nación al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, e incluyen mandatos para que la empresa TourProdEnter —perteneciente a Javier Faroni y Erica Gillette— girara dinero a numerosos destinatarios "por cuenta y orden de AFA". Los giros involucran a 63 sociedades y dos personas particulares.
Cuatro compañías de responsabilidad limitada radicadas en Florida, identificadas como Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat, concentraron más de 42 millones de dólares como principales receptoras. Dichas entidades compartían dirección en un complejo de oficinas en Miami y se cerraron en los registros de Florida dos días después de que la mencionada investigación periodística hiciera pública su existencia.
El expediente además detectó envíos de fondos hacia otras corporaciones, tales como Mafer Trading, W Trading y Tronador Import Export. Los registros asimismo consignan a Alejandro Almaraz, descendiente de José Almaraz, conocido como "El Brujo" de la Selección, quien percibió 340.000 dólares desde cuentas de TourProdEnter durante los años 2024 y 2025.
En respuesta, personas cercanas a Gerardo León argumentaron que la firma inserta en los papeles es falsa y señalaron que en las fechas de los movimientos financieros ya no ejercía como director ejecutivo de la AFA, sino que cumplía funciones como asesor. Por su parte, consultada por La Nación, la entidad rectora del fútbol argentino indicó que el asunto "está todo en manos de la Justicia" y que corresponde su resolución al Juzgado Federal de Campana.
Próximamente, los papeles serán cotejados con registros bancarios y comprobantes fiscales dentro de peritajes contables dispuestos en diversos expedientes judiciales, con el fin de esclarecer la confección y autorización de los pagos y la fiscalización de sus beneficiarios.
