Un operativo policial llevado a cabo entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves derivó en el arresto de catorce personas y dejó bajo custodia al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció en conferencia de prensa la existencia de una presunta red criminal dedicada al narcotráfico que operaba desde el Ministerio Público y que estaría liderada por el propio Mariaca. Las acusaciones contra el funcionario incluyen organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración de una institución muy importante en nuestro país como es el Ministerio Público, sostuvo Oviedo. Entre los catorce detenidos se encuentran cuatro personas que ocupaban cargos jerárquicos en la fiscalía, incluido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
El procedimiento policial incluyó la interceptación de una ambulancia que salía del condominio donde reside Mariaca en Santa Cruz, la cual transportaba bolsas y maletines con fajos de dinero en efectivo. En ese vehículo fueron detenidas cuatro personas, mientras que otros sospechosos resultaron aprehendidos al intentar retirar documentos de las oficinas fiscales. Estos hechos ocurrieron poco después de que Estados Unidos impusiera restricciones de visa al fiscal general y a otros funcionarios por supuestos actos de corrupción y protección al narcotráfico. Por su parte, el Ejecutivo nacional aclaró que el operativo fue realizado exclusivamente por la policía local y negó la participación directa de la DEA.
La detención generó un conflicto en el interior del Ministerio Público, que inicialmente calificó la medida de ilegal y denunció un secuestro tras una intervención policial en las oficinas de Sucre. Ante la situación, el fiscal superior Luis Montaño asumió de forma interina la conducción del organismo para asegurar la continuidad de las tareas institucionales. Sin embargo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, cuestionó la asunción de Montaño al señalar que se autonombró y adelantó que evaluarán la legalidad del procedimiento.
En paralelo, el presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Gustavo Ávila, resolvió adelantar para el viernes una sesión prevista originalmente para el lunes 5 de octubre. Dicho encuentro parlamentario iba a analizar las sanciones migratorias de Estados Unidos y la posible creación de una comisión investigadora, pero la aprehensión del fiscal general obligó a darle prioridad institucional urgente al asunto.
