El máximo tribunal dejó sin efecto una decisión de la Cámara Civil que respaldaba a la Asociación del Fútbol Argentino y permitía su operación en territorio bonaerense.
Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti determinaron que la resolución dictada el 18 de junio anterior carecía de sustento legal y confirmaron que la Inspección General de Justicia conserva sus atribuciones de control sobre la entidad.
El litigio comenzó a partir de la asamblea celebrada el 17 de octubre de 2024, oportunidad en la cual la AFA avaló de manera unánime la modificación de su estatuto para trasladar su sede social a la provincia de Buenos Aires.
Dicho paso administrativo buscaba dejar atrás la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y someterse a la supervisión provincial, aunque la IGJ denegó posteriormente tanto la inscripción de la mudanza como la baja registral de la institución.
Ante la negativa, la AFA recurrió a la justicia y obtuvo un fallo favorable por parte de la Cámara Civil, lo que motivó que la IGJ interpusiera un recurso de apelación ante la Corte Suprema, tribunal que terminó por revocar la medida.
Desde la perspectiva del máximo tribunal, el cese del registro en el distrito de origen constituye una condición indispensable para concretar la mudanza legal, por lo que hasta que tal circunstancia se concrete, la organización continúa bajo la órbita de fiscalización de dicho organismo.
