La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este lunes la solicitud presentada por Khalid Sheikh Mohammed, señalado como el cerebro de los atentados del 11 de septiembre, y por otros dos supuestos cómplices con el objetivo de reactivar los acuerdos de culpabilidad que habían alcanzado con fiscales militares.
La decisión del máximo tribunal elimina un escollo para que Mohammed sea sometido a juicio ante una comisión militar en 2028, proceso en el cual la pena de muerte figura como una posible condena. El acusado se encuentra detenido en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, desde el año 2006.
Mohammed está imputado por liderar el complot que derivó en el impacto de aviones secuestrados contra el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001, mientras que un cuarto aparato cayó en un campo de Pensilvania. Como saldo de aquellos ataques murieron 2.977 personas, sin contabilizar a los secuestradores.
A través de una orden sin firmar, el tribunal superior rechazó las apelaciones impulsadas por Mohammed, Mustafa al Hawsawi y Walid bin 'Atash contra un fallo anterior que impedía a un juez militar hacer cumplir los pactos previos al juicio acordados con la fiscalía en 2024, los cuales habían sido retirados por el entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin.
Con este rechazo, el gobierno mantiene firme su postura de dejar sin efecto los convenios de culpabilidad. Medios periodísticos informaron que el juez Brett Kavanaugh no participó en la deliberación de la apelación.
Los tres implicados fueron capturados en 2003 y formalmente acusados en 2008 ante una comisión militar por distintos delitos vinculados a la planificación de los atentados, de los cuales cinco contemplan la pena capital. El juez a cargo fijó en agosto la realización del juicio para junio de 2028, sujeto al cumplimiento de plazos y requisitos procesales.
El avance de las causas judiciales se demoró durante años debido a disputas sobre la validez de las pruebas obtenidas durante los interrogatorios. Antes de su traslado a Guantánamo, los acusados estuvieron alojados en prisiones secretas de la CIA, donde sufrieron torturas bajo denominadas "técnicas de interrogatorio reforzadas".
Las negociaciones para los acuerdos de culpabilidad comenzaron en 2023 tras la designación de la general de brigada retirada Susan Escallier como autoridad convocante de las comisiones militares. En 2024 se concretaron los pactos aprobados por Escallier para que los acusados admitieran su culpabilidad a cambio de purgar cadena perpetua y evitar la pena de muerte, pero Austin los revocó poco después.
Un juez militar dictaminó en noviembre de 2024 que la anulación de Austin era ilegal y declaró vigentes los acuerdos porque los acusados ya habían cumplido con una de las cláusulas. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC dio la razón al Departamento de Justicia al determinar que el secretario de Defensa poseía competencia para rescindir los convenios.
"El Secretario actuó dentro de los límites de su autoridad legal, y nos negamos a cuestionar su criterio", determinó el panel judicial en su fallo favorable al gobierno.
