El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que la administración de Donald Trump no tiene autorización para implementar una directiva que limita la atención médica destinada a reclusos transgénero en establecimientos penitenciarios federales. La medida formaba parte de las iniciativas impulsadas por el mandatario para modificar disposiciones vinculadas a la ampliación de derechos para este sector.
La máxima instancia judicial desestimó un pedido urgente presentado por el Departamento de Justicia para frenar una resolución de un tribunal inferior y poner en vigencia las nuevas disposiciones. Dicha normativa contemplaba la interrupción de terapias hormonales, intervenciones quirúrgicas y adaptaciones sociales para personas alojadas en prisiones que padezcan o puedan ser diagnosticadas con disforia de género, según informó CBC News y conoció Noticias Argentinas.
Los magistrados Samuel Alito y Clarence Thomas manifestaron su disidencia al señalar que habrían avalado la aplicación de la modificación por parte del Poder Ejecutivo. Previamente, el gobierno había requerido la intervención del tribunal al sostener que la medida resultaba indispensable para preservar la seguridad dentro de las instituciones penitenciarias.
Por su parte, la representación legal de tres reclusos que cuestionaron la reglamentación indicó que la Oficina de Prisiones suministra tratamientos hormonales a pacientes con disforia de género desde el año 1992. Asimismo, advirtieron que la disposición afectaba a aproximadamente mil personas privadas de libertad bajo la órbita de dicho organismo.
Li Nowlin-Sohl, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles que actuó en representación de los internos, calificó el fallo como crucial para la población trans en el ámbito carcelario federal. Negar la atención médica necesaria, incluyendo la atención médica de afirmación de género, a las personas encarceladas constituye una violación de sus derechos constitucionales fundamentales, declaró Nowlin-Sohl en un comunicado. Seguiremos defendiendo los derechos de nuestros clientes y de todas las personas privadas de libertad, agregó.
El litigio se originó a partir de una acción judicial iniciada el año pasado por los reclusos frente a la administración federal en representación de quienes poseen diagnóstico de disforia de género. La causa se activó luego de que el presidente firmara una orden ejecutiva que impedía la utilización de presupuestos federales en procedimientos sanitarios para detenidos transgénero.
Como consecuencia, la Oficina de Prisiones estableció en febrero una reglamentación que excluía las cirugías y la terapia hormonal para el tratamiento de esta condición, fijando un esquema de reducción progresiva para quienes ya las recibían. Las directrices también suprimieron el acceso a elementos como fajas compresoras, rellenos para el pecho, maquillaje y pelucas.
En un memorando difundido junto a la normativa, el organismo carcelario fundamentó la decisión en la orden presidencial y argumentó que el cambio buscaba adecuar el abordaje médico a datos científicos recientes, mantener criterios institucionales previos y contemplar cuestiones de seguridad y administración penitenciaria.
