María Paula Hertrig, titular de la UFI de Boulogne y víctima de un complot de internos que buscaban matarla en represalia por una causa por robo, aseguró que impulsa iniciativas para regular la tenencia de teléfonos móviles en los establecimientos penitenciarios bonaerenses. Tras salir a la luz el plan pergeñado por Martín Darío Rettori y Ariel Ernesto Libertini, la funcionaria judicial comenzó a dialogar con distintos medios para sumar apoyos frente a esta problemática.
Un relevamiento sectorial expone la presencia de entre 43.000 y 60.000 aparatos y líneas telefónicas activas en poder de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires, situación que facilita la continuidad de operaciones delictivas desde el encierro. Mientras avanza la causa por el ataque, Hertrig profundizó sus declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas sobre las gestiones para desarticular estas estructuras. "Sigo trabajando como siempre, pero ahora también tratando de hacer algo para que se aborde el tema del uso de celulares en las cárceles", expresó.
Con custodia asignada tras el episodio, la magistrada explicó su decisión pública: "En 11 años que llevo de fiscal y 30 en el poder judicial es la primera vez que salgo a hablar, pero es necesario". "Quiero de verdad que de algún modo se toque el tema de los celulares, que es suma gravedad", remarcó.
La trama delictiva salió a la luz a partir de la pesquisa impulsada por Hertrig contra una banda dedicada a duplicar llaves de vehículos alojados en cocheras para cometer robos bajo la modalidad de entraderas. Una vez concretadas las detenciones y los traslados a diferentes unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, los reclusos organizaron desde prisión una venganza en su contra.
A través de comunicaciones mediante WhatsApp, los implicados proyectaban atentar contra la vida de la fiscal y su núcleo familiar. "Conocían los movimientos de la fiscal y tenían fotos de ella, de su pareja y de su familia", detalló un investigador a este medio.
La maniobra delictiva se acreditó mediante tareas de inteligencia que incluyeron la intervención de comunicaciones y mensajes. A raíz de estos elementos probatorios, el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó el allanamiento de las celdas de los dos sospechosos, procedimiento en el cual se secuestraron tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
