La CTA de las y los Trabajadores y la CTA Autónoma remitieron este martes una carta documento dirigida a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. El objetivo de la presentación es rechazar formalmente la Resolución 4/2026, que estableció el nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Ante esta medida, las entidades sindicales solicitaron que el Ejecutivo reactive las deliberaciones presenciales del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil al argumentar fallas en el procedimiento y la insuficiencia de la cifra frente a la inflación.
En el texto enviado, las organizaciones sindicales calificaron la normativa oficial como “nula de nulidad absoluta e insanable”. Argumentaron que la fijación de los haberes incumplió los pasos exigidos por la Ley 24.013 y careció de la debida fundamentación sobre los criterios aplicados para definir los incrementos. Asimismo, señalaron que la disposición oficial omitió ponderar la evolución efectiva de los precios y las metas legales que debe garantizar el ingreso mínimo.
De acuerdo con la presentación de las entidades gremiales, la inflación interanual acumulada hasta agosto de 2026 llegó al 33,3%, al tiempo que el salario mínimo experimentó una suba del 16,96% en idéntico lapso. Desde su perspectiva, esta brecha profundiza la pérdida del poder adquisitivo, posiciona al SMVM por debajo de la Canasta Básica Total e impacta de forma negativa sobre los empleados de menores ingresos y los sectores más vulnerables.
Las centrales obreras también exigieron que el Consejo del Salario abandone su rol como un espacio “meramente formal” y propicie una discusión genuina con diálogo social. Reclamaron un ámbito donde los sectores intervinientes logren proponer alternativas, debatir posturas y arribar a consensos reales, enfatizando que el ingreso mínimo debe provenir de un intercambio participativo y no de determinaciones unilaterales del Poder Ejecutivo.
Por último, la notificación otorga un plazo de 48 horas a la funcionaria nacional para convocar nuevamente al cuerpo colegiado y revisar de manera urgente el haber mínimo. Las agrupaciones gremiales advirtieron que, en caso de no recibir respuestas favorables, impulsarán medidas administrativas, demandas judiciales y presentaciones ante entidades nacionales e internacionales.
