El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un escrito de 78 páginas ante la Justicia, a través de su abogado Matías Ledesma, para responder a las inquietudes del fiscal Gerardo Pollicita y justificar su patrimonio en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El exfuncionario, que tenía plazo hasta este martes, negó las acusaciones y sostuvo que su evolución patrimonial desde su asunción en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de este año cuenta con un respaldo “razonable y verificable”.
Las principales respuestas de la defensa
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La brecha patrimonial: Ante los cuestionamientos sobre una diferencia superior a los 43 millones de pesos entre ingresos y gastos junto a su esposa Bettina Angeletti, la defensa argumentó que se trata de una “brecha residual” y no de una “desproporción manifiesta”.
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Criptoactivos: Sobre las operaciones con monedas digitales, aclaró que se efectuaron mediante ocho direcciones de Bitcoin entre 2014 y 2018 —es decir, antes de su paso por la función pública— y aseguró que las billeteras se encuentran actualmente vacías.
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La vivienda en el Country Indio Cuá: Precisó que el inmueble costó 120.000 dólares y fue financiado en gran parte mediante un préstamo hipotecario. En cuanto a las remodelaciones, desestimó la cifra de 245.000 dólares mencionada por el contratista Matías Tabar, detallando que se destinaron 175.000 dólares provenientes de ahorros propios.
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Declaración jurada y dólares no declarados: Respecto a las rectificaciones, la defensa indicó que no constituyen un “indicio de ocultamiento”, ya que se trató de un restablecimiento por iniciativa propia de la exactitud de lo declarado.
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Departamento en Caballito: Sobre la adquisición de otra propiedad abonada en dólares en efectivo, ratificó que el dinero provino enteramente de sus ahorros.
Cómo sigue la causa
El fiscal Pollicita deberá analizar la documentación incorporada para determinar si logran disiparse las 20 dudas planteadas en la investigación. En caso contrario, el magistrado evaluará la posibilidad de ordenar nuevas medidas de prueba o incluso convocar a declaración indagatoria tanto al exfuncionario como a su esposa.
