Miles de personas salieron este sábado a las calles de Lisboa, Oporto y Coimbra en una jornada de movilizaciones convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP). Los participantes exigieron subidas en los sueldos y las jubilaciones, además de reclamar una modificación en la dirección económica del Ejecutivo conservador liderado por Luís Montenegro.
La marcha principal transitó por la capital lusa desde Cais do Sodré hasta la plaza del Rossio, sitio en el que los manifestantes se reunieron para presenciar los discursos de los líderes gremiales. Durante la jornada, el secretario general de la CGTP, Tiago Oliveira, criticó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027 que se debate en el Parlamento, al señalar que perjudica a los asalariados y beneficia a los grandes conglomerados económicos.
El dirigente sindical cuestionó las prioridades del Gobierno y convocó a una nueva protesta para el 24 de noviembre frente a la Asamblea de la República, coincidiendo con la votación final de las cuentas públicas. La organización sindical demanda un incremento salarial general del 15 %, con un piso mínimo de 150 euros mensuales, y llevar el salario mínimo nacional a los 1.100 euros.
Asimismo, la plataforma reclama mejoras en las jubilaciones, el fortalecimiento de la sanidad pública y de la Seguridad Social, y acciones concretas para restituir el poder adquisitivo de los hogares. Las familias se han visto particularmente golpeadas por el encarecimiento de la vivienda, la alimentación y otros productos básicos.
En paralelo a la marcha sindical, se desarrolló otra protesta por el acceso a la vivienda cuyos integrantes comenzaron a montar carpas en la plaza del Rossio, en respaldo a las acampadas llevadas a cabo la última semana en Oporto. Los convocantes de esta segunda iniciativa manifestaron su propósito de quedarse en el lugar hasta que las fuerzas de seguridad los desalojen.
Ambas movilizaciones exponen el malestar social imperante debido a las complicaciones para habitar una vivienda en el país, donde los altos precios de los alquileres y los bajos ingresos salariales generan un fuerte rechazo hacia la administración. La tensión se incrementó esta semana en Oporto tras un operativo policial para desmantelar una acampada en la plaza de Don João I que derivó en decenas de heridos, según denunciaron los organizadores, y cuya intervención es investigada por la Inspección General de la Administración Interna.
Oliveira manifestó su respaldo a los colectivos de vivienda y relacionó las trabas para abonar los alquileres con la precariedad de los sueldos. De esta forma, la jornada de protestas representa un nuevo reto para el Ejecutivo de Montenegro en pleno proceso de discusión presupuestaria y en un contexto de cuestionamientos de los gremios y la oposición por la pérdida de poder adquisitivo y el acceso a la vivienda.
