La magistrada Marta Elba Pascual respaldó la medida cautelar que paralizó por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense. Aclaró que su objeción no se dirige contra la baja en la edad de imputabilidad, sino contra las falencias operativas y la falta de preparación estatal para recibir a una mayor cantidad de menores detenidos.
En declaraciones radiales, la jueza expresó: “Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”. Además, enfatizó que comprende la gravedad de los delitos cometidos por jóvenes y detalló que su inquietud se centra en la escasez de recursos y la precariedad en el alojamiento.
Al respecto, advirtió: “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”. Ante los cuestionamientos recibidos, la magistrada ratificó su postura y afirmó que no se opone a modificar el régimen para llevar la imputabilidad a los 14 años.
En su defensa, manifestó: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”. La resolución judicial se originó a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo que impulsó la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
Para Pascual, resulta indispensable asegurar la infraestructura, el personal capacitado y los fondos necesarios antes de ampliar el alcance de la normativa penal juvenil. La suspensión preventiva se extenderá por dos meses, lapso en el cual la Justicia intimó a las autoridades provinciales a detallar los planes y recursos previstos para la ejecución del sistema.
