Un juez federal de California desestimó una solicitud del Gobierno de Donald Trump destinada a aislar los votos por correo emitidos por más de 20.000 votantes cuya ciudadanía estadounidense había sido puesta en duda por agencias federales.
El juez David Ormond Carter argumentó que la disposición interferiría con mecanismos electorales ya puestos en marcha, pondría en riesgo la exclusión de sufragios pertenecientes a ciudadanos de Estados Unidos y afectaría la potestad constitucional que poseen los estados para administrar sus propias elecciones.
La acción legal había sido presentada por el Departamento de Justicia el pasado 15 de octubre contra el estado de California y el condado de Los Ángeles, tras remitir un registro de individuos que dos entidades federales determinaron que probablemente eran extranjeros. La administración federal solicitó que las boletas vinculadas a dichos nombres no fueran contabilizadas hasta comprobar la nacionalidad de cada votante, mientras que los funcionarios californianos objetaron la precisión y la metodología utilizada para conformar el listado.
Carter consideró inexacto el mecanismo de verificación del gobierno federal y alertó que introducir modificaciones técnicas con un proceso electoral en curso generaría inconvenientes operativos considerables y marginaría del sufragio a ciudadanos autorizados.
El estado de California distribuye boletas postales a sus más de 23 millones de electores inscriptos, y al momento de dictarse el fallo judicial, más de 3,7 millones de ciudadanos ya habían votado de cara a los comicios legislativos del 3 de noviembre. Desde la administración del condado de Los Ángeles detallaron que las papeletas pierden su vínculo con la identidad del votante una vez validada la firma y abierto el sobre, conforme al procedimiento establecido para resguardar la reserva del voto.
El Departamento de Justicia informó que apelará el fallo y pedirá una medida cautelar de carácter urgente ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para evitar que los sufragios objetados sean integrados al recuento. Dicha instancia judicial ya había rechazado el lunes una presentación inicial del Ejecutivo debido a que el magistrado de primera instancia aún no se había expedido, si bien dos de sus tres integrantes manifestaron reservas respecto a los planteos del Gobierno. El litigio se inserta en un conjunto de acciones impulsadas por la administración de Trump sobre los comicios estatales previos a las elecciones que definirán la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
