El Ejecutivo peruano decretó el estado de emergencia por un plazo de 60 días en las jurisdicciones de Pisco y San Andrés, situadas en la región costera de Ica, al sur de la capital, con el fin de combatir la delincuencia. La medida contempla la suspensión transitoria de cuatro garantías constitucionales, tales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio.
En el periodo que dure esta condición excepcional, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno con la asistencia de las Fuerzas Armadas. Asimismo, los actos que congreguen multitudes necesitarán un permiso previo de las autoridades, según reportaron la agencia estatal y diversos medios televisivos.
Estas acciones se extienden a otras provincias de Tumbes y La Libertad, además de sectores específicos definidos como estratégicos por la administración central. Las resoluciones se acumulan a la vigencia del estado de emergencia que ya abarca a Lima y Callao, donde se ejecutan operativos contra la violencia.
La estrategia gubernamental abarca inspecciones en cárceles con el respaldo militar en la vigilancia y la aplicación de exámenes de polígrafo a los agentes de custodia. También se prevé la eliminación de antenas irregulares y la colocación de bloqueadores de señal celular en los penales para frenar las comunicaciones de las bandas delictivas.
