Una pyme fabricante de films plásticos de la localidad de Quilmes obtuvo una medida cautelar que frena el corte de luz por parte de la empresa Edesur, en el marco de un reclamo judicial contra lo que calificó como aumentos irracionales en las facturas de electricidad.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal de Quilmes, encabezado por el juez Luis Antonio Armella, quien ordenó a la compañía distribuidora abstenerse de interrumpir, suspender o restringir el servicio a la firma Protefilm.
El fallo se dictó por un plazo de respuesta de dos días y continuará vigente hasta que se defina la cuestión de fondo sobre la legalidad de los cobros, condicionado a la presentación previa de una caución juratoria por parte de la empresa afectada.
La acción judicial se originó luego de que la pyme recibiera boletas por un total superior a los 174 millones de pesos, divididas en un monto de 91.956.961,49 pesos correspondiente a agosto y otro de 82.959.743,90 pesos con vencimiento en septiembre.
Para afrontar el pago del servicio de agosto y evitar el corte, la compañía debió solicitar un crédito bancario de 100 millones de pesos, por lo que ahora exige la anulación de ambos comprobantes y la restitución del dinero pagado.
En su presentación judicial, la entidad señaló que “la electricidad constituye un insumo indispensable para su actividad industrial” y advirtió que “la continuidad de la producción depende directamente de contar con el suministro energético”.
Asimismo, indicó que los incrementos tarifarios amenazan su viabilidad operativa y ponen en peligro 70 fuentes laborales, al tiempo que denunció la vulneración de garantías constitucionales vinculadas a la propiedad, la razonabilidad y la libertad de trabajo.
La firma detalló que las subas extraordinarias se concentraron en los rubros ACPOT y CESTAB del Mercado Eléctrico Mayorista, los cuales mostraron alzas de entre el 150% y más del 300% frente a etapas anteriores, equiparando o superando el valor de la energía consumida.
Además, cuestionó la ausencia de documentación detallada por parte de Edesur y Cammesa para justificar el cálculo de las sumas liquidadas.
Al dictar la medida, el magistrado evaluó que se cumplían los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y remarcó que las exigencias de pago amenazaban el patrimonio, el capital de trabajo y podían derivar en una cesación de pagos, concurso o quiebra.
Por su parte, el abogado de la empresa, Marcelo Szelagowski, afirmó que la resolución judicial valida el peso del servicio energético en la actividad industrial y alertó que “bajo el argumento de una supuesta liberalización del mercado, se trasladan directamente a la industria los costos derivados de los problemas y desequilibrios del sistema energético, lo que pone en riesgo la continuidad de numerosas empresas”.
