El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, anunció ante la Asamblea Nacional que el Gobierno utilizará efectivos militares para reforzar el dispositivo de seguridad durante las manifestaciones previstas para el sábado 24 de octubre, convocadas por el sindicato estudiantil UNEF.
El Ejecutivo desplegará unidades de la operación Sentinelle con la finalidad de liberar a policías y gendarmes de tareas logísticas y administrativas, permitiendo que se enfoquen en el mantenimiento del orden público. El anuncio se conoció luego de que el primer ministro, Sébastien Lecornu, asegurara la intención de implementar un operativo policial masivo tras los incidentes del fin de semana anterior.
Las protestas del 17 de octubre derivaron en hechos de violencia en París, Marsella, Lyon y otras ciudades, dejando al menos 2.400 detenidos, casi un millar de policías y gendarmes heridos, numerosos comercios saqueados y edificios públicos dañados. La Fiscalía de París abrió investigaciones por la muerte de un hombre durante las marchas y por la actuación policial contra un socorrista voluntario.
Ante las críticas, Lecornu admitió fallas de inteligencia, reconoció que el despliegue policial fue demasiado estático y señaló un error al no cancelar licencias a parte de los efectivos. Durante la sesión parlamentaria, acusó a grupos de extrema izquierda y ultraizquierda de planificar la violencia y buscar la desestabilización institucional, mencionando el arresto de un sospechoso de incendiar el ayuntamiento de Limoges.
El enfrentamiento político también involucró a La Francia Insumisa (LFI). Lecornu acusó al espacio de Jean-Luc Mélenchon de no condenar la violencia, mientras que el ministro del Interior señaló que contribuyeron a agravar la tensión, un extremo rechazado por el coordinador del partido, Manuel Bompard.
Para frenar los disturbios, las autoridades implementaron toques de queda focalizados en París, Marsella y Lyon, medidas que se extenderán durante la semana. La crisis de seguridad coincide con el malestar por el encarecimiento del costo de vida y el deterioro de servicios públicos, impulsando nuevas convocatorias de la UNEF y de grupos vinculados a los chalecos amarillos.
Los incidentes también generaron consecuencias económicas, como pérdidas millonarias informadas por la cadena Carrefour y daños a instalaciones de los principales grupos bancarios del país, según indicó la Federación Bancaria Francesa. Asimismo, la Prefectura de Policía de París prohibió el transporte de combustible en contenedores individuales, el uso de equipos de protección cerca de centros educativos y la adquisición de artículos pirotécnicos para prevenir nuevos disturbios.
