Presentan un proyecto en la Cámara baja para castigar con prisión el crimen de agresión internacional

El diputado nacional de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez presentó una iniciativa para incorporar de forma explícita el crimen de agresión al Código Penal argentino. El texto define este delito como un ataque armado llevado a cabo por la conducción política o militar de un Estado contra otra nación.

La propuesta modifica la ley 26.200 sancionada en 2007 y prevé penas de ocho a veinticinco años de cárcel, además de estipular la imprescriptibilidad tanto de la acción penal como de la condena. Esta conducta ilícitiva abarca acciones como invasiones, bombardeos o bloqueos portuarios que constituyan violaciones graves a la Carta de las Naciones Unidas.

El proyecto apunta a complementar la implementación local de las enmiendas de Kampala correspondientes al Estatuto de Roma, ratificado por el país en 2017. "La Argentina asumió un compromiso internacional contra la agresión armada. Ahora necesitamos completar nuestra legislación para que los jueces tengan herramientas concretas para investigar y sancionar a los dirigentes responsables. Firmar un tratado no alcanza si después faltan las leyes para hacerlo cumplir", indicó el legislador.

El texto detalla los supuestos en los cuales la Justicia nacional tendrá competencia para intervenir y aclara que no será requisito contar con una resolución previa del Consejo de Seguridad de la ONU para avanzar en la investigación y el enjuiciamiento. Asimismo, el proyecto conserva los deberes de cooperación con la Corte Penal Internacional y contempla las inmunidades estipuladas por el derecho internacional.

Por último, el diputado remarcó que la implementación de la norma requerirá formación específica para los magistrados, áreas especializadas en el Ministerio Público Fiscal y protocolos de preservación de pruebas y resguardo de testigos. “Defender la soberanía argentina exige también respetar la de los demás Estados. La regla debe alcanzar a todos los dirigentes, incluidos los nuestros: decidir una agresión debe tener consecuencias penales”, afirmó.