Las grandes empresas tecnológicas ejercen la mayor influencia sobre la Comisión Europea para acelerar la creación de nuevos centros de datos, perjudicando las regulaciones ambientales y la defensa de las comunidades locales. La advertencia fue emitida por la organización no gubernamental Corporate Europe Observatory en un documento centrado en la acción de los grupos de presión corporativos en la Unión Europea.
El análisis detalla que las corporaciones tecnológicas, sus consultoras y sus asociaciones sectoriales protagonizaron el 93,73 % de las reuniones mantenidas por el Ejecutivo comunitario entre diciembre de 2024 y junio pasado. En total, 160 empresas participaron en 367 encuentros para plantear sus posturas sobre la regulación del mercado europeo de estos centros.
Las compañías estadounidenses Microsoft, Amazon y Google lideraron los encuentros con un total de 41 reuniones conjuntas, mientras que la firma francesa OVH actuó como la principal representante europea. El estudio también subraya la sintonía con firmas europeas como Siemens y Schneider Electric, que surten de equipamiento a los gigantes tecnológicos y se favorecen de su crecimiento.
Entre las peticiones del sector tecnológico figuran la simplificación de permisos de construcción, normativas ambientales más flexibles y límites a la potestad de los vecinos para objetar los proyectos, considerados esenciales para la Inteligencia Artificial. Por el contrario, el texto subraya que los organismos locales, colectivos ecologistas, pequeños negocios y académicos aportaron posturas alternativas que terminaron siendo desatendidas en su mayoría.
Las principales demandas de estos sectores críticos versan sobre el alto gasto hídrico y eléctrico de las instalaciones, el impacto acústico, el precio de la electricidad y la ocupación de suelo. El documento recrimina que las peticiones tecnológicas se hayan cumplido en la Unión Europea a pesar de los discursos oficiales sobre soberanía tecnológica.
«La UE ha mantenido sus puertas abiertas a las grandes empresas tecnológicas y sigue asumiendo su narrativa. El resultado es un conjunto de políticas profundamente defectuosas que probablemente intensificarán nuestra dependencia digital, al tiempo que obstaculizan los objetivos climáticos de la UE y limitan la democracia local», señaló en un comunicado la investigadora Margarida Silva.
El informe cataloga además de alarmante que las normativas definitivas reproduzcan los intereses de las grandes corporaciones y lamenta que la presión de los grupos de interés anteponga la velocidad a las garantías ambientales y vecinales. En réplica al estudio, un portavoz del Ejecutivo comunitario defendió que Bruselas ha trabajado con la sociedad civil, administraciones públicas, investigadores y centros de estudios durante la preparación y adopción de la iniciativa, mencionando la realización de talleres.
El documento menciona además el caso de la región española de Aragón, cuyo gobierno autonómico impulsó inversiones tecnológicas declarando como Proyectos de Interés General planes para levantar centros de datos, como uno concedido a Amazon. Dicho régimen acelera permisos y otorga licencias de suelo en menos de un año, lo que provocó rechazo vecinal y municipal y dio origen a movimientos como 'Tu nube seca mi río'.
«Las propuestas resultantes priorizaron la rápida expansión por encima de la soberanía, la participación democrática y la sostenibilidad. Lo que está ocurriendo en Aragón es un presagio de lo que podría suceder en toda Europa», avisa la publicación.
